San José (EFE) – El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reiteró este jueves sus críticas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de su país por una serie de decisiones tomadas durante la actual campaña electoral. La controversia se centra especialmente en una solicitud de desafuero por beligerancia política que, según su juicio, podría conducir a un «golpe de Estado».
«Eso no tiene ni pies ni cabeza (la solicitud de desafuero). No existe competencia alguna del Tribunal Supremo de Elecciones para juzgar y destituir a un presidente. Eso sería un golpe de Estado legítimamente repudiado por todas las naciones del mundo», declaró Chaves en una entrevista con Radio Columbia.
El pasado martes, el TSE solicitó a la Asamblea Legislativa que tramitaran el levantamiento del fuero al presidente Chaves por quince denuncias de beligerancia. Esto permitiría avanzar en un proceso sancionatorio que podría resultar en una prohibición para ejercer cargos públicos en el futuro, e incluso en la destitución del cargo.
Estas denuncias fueron presentadas por diversas personas a lo largo de los últimos meses, incluyendo líderes de partidos políticos de oposición, que señalaron al mandatario por referirse a temas electorales y atacar a otros partidos durante actos oficiales.
«Lo que veo es un patrón de la clase política y la gente que ha capturado las instituciones de este país, por sacar a Rodrigo Chaves de un ruedo político en el que yo no estoy, pero por alguna razón están obsesionados con eso», afirmó el mandatario.
Chaves, quien terminará su mandato el próximo 8 de mayo, expresó que las solicitudes al Parlamento indican que el país necesita una mayoría de diputados dispuestos a «reformar» el Poder Judicial, el Código Penal y otras instituciones del Estado.
Una posible destitución
En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, incluidos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político o participar en discusiones o actividades político-electorales.
La ley costarricense establece que el TSE puede ordenar la destitución e imponer la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años a aquellos funcionarios cuyos actos contravengan las prohibiciones en medio de actos proselitistas de campaña.
Sin embargo, Chaves sostiene que el TSE no tiene las potestades constitucionales para solicitar el desafuero del presidente ni para destituirlo. En septiembre pasado, el mandatario ya superó un proceso de desafuero en el Congreso solicitado por la Fiscalía General por un caso de presunto manejo irregular de fondos.
En la votación, 34 diputados se inclinaron por retirarle el fuero, mientras que 21 se manifestaron en contra, lo que significa que no se alcanzaron los 38 votos (mayoría calificada) necesarios para aprobar la medida.
Elecciones en Costa Rica
En el contexto de la campaña electoral, a partir del pasado 2 de octubre, el Gobierno tiene prohibido, según la ley electoral, difundir mediante cualquier medio de comunicación información publicitaria relativa a la gestión realizada. El mandatario podrá realizar conferencias de prensa e inauguraciones de obras, pero no podrá divulgarlas en medios oficiales ni en redes sociales gubernamentales.
Ante estas restricciones, Chaves ha reiterado sus críticas al TSE, acusándolo de ponerle una «mordaza» y de «cambiar las reglas» de la campaña electoral. También expresó su desconfianza hacia los magistrados de este organismo.
Costa Rica celebrará el 1 de febrero de 2026 elecciones para escoger al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030, un proceso en el que se han inscrito veinte candidatos presidenciales.
