TOLEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) – Los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT se han concentrado este jueves ante la Dirección General de Función Pública para protestar contra la decisión del Gobierno regional de impedir que los empleados públicos puedan acogerse a la excedencia por prestación de servicios en la Administración, lo que limitaría su promoción profesional.
Victoria Ortiz, representante del sindicato CSIF, ha expresado su «profundo rechazo» a la modificación que el PSOE propone sobre la Ley de Empleo Público, a través de enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, que se espera sea aprobada este jueves en las Cortes regionales.
Según Ortiz, este cambio representa «el recorte de un derecho» previamente reconocido que permitía a funcionarios de carrera, como un auxiliar administrativo, optar por plazas de nivel superior y adquirir los méritos necesarios para conseguir, en un futuro, esa promoción mediante un concurso-oposición.
La afectación de esta medida sería significativa, ya que «va a impedir la promoción profesional del personal funcionario, independientemente de que dispongan de las titulaciones necesarias para acceder a esos puestos», añadió Ortiz.
Desde el STAS, Gustavo Fabra criticó que el Gobierno regional intente implementar un recorte a la carrera profesional a través de una ley ómnibus, sin pasar previamente por la mesa de negociación. «El mensaje es claro: Page recorta, Page privatiza y Page no atiende a la negociación colectiva», afirmó. Instaron al PSOE a retirar la enmienda y convocar «inmediatamente» una mesa de negociación para discutir la carrera profesional del personal funcionario, similar a la existente para el personal del SESCAM.
Por su parte, Juan Bautista González de Comisiones Obreras recordó que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, del año 2011, fue negociada con los sindicatos que representan al personal público, y hacía falta un desarrollo que la Administración ha evadido durante años. «Después de 15 años, no han tocado nada respecto a esta ley», lamentó.
Rocío Jiménez de UGT Toledo advirtió que esta modificación no solo afecta a los funcionarios, sino también a todos los empleados públicos de la Administración local, incluyendo personal estatutario y laboral, lo que perjudica el derecho a la carrera profesional que en otras comunidades autónomas sí se respeta. Esta disposición, aprobada en la ley de 2011, ha estado paralizada durante un largo periodo.
Consecuencias de la modificación
Los sindicatos cuestionan la necesidad de esta enmienda, argumentando que en realidad «no ahorra dinero», ya que a la administración le resulta indiferente contratar a alguien de categoría inferior. A su entender, la entrada de personal nuevo significaría la pérdida de experiencia acumulada por el personal administrativo actual. «La persona que entra tiene que empezar de nuevo, y en cuatro meses puede que esa plaza la ocupe otro funcionario distinto», señalaron.
Victoria Ortiz afirmó que «estás impidiendo que la gente promocione y tenga carrera profesional», y admitió que la enmienda «se va a aprobar sin ningún tipo de negociación». Para ella, esto no representa un progreso, sino un retroceso claro en los derechos de los trabajadores.
Los sindicatos se levantaron de la Mesa Sectorial de personal funcionario en señal de protesta, considerando que la acción de la Junta busca reducir el número de personal interino y la rotación, lo cual podría conducir a una disminución de la eficacia en la administración pública. Fabra concluyó diciendo que estamos «perdiendo profesionalidad a costa de una administración dócil que no controla lo que debería». Su propuesta consiste en implementar una carrera profesional objetiva que valore los méritos y capacidades como base para la promoción y desarrollo profesional.
