La Asociación Stop Biogás Castilla y León ha anunciado la intención de presentar una querella contra José Manuel Jiménez, director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, así como contra los responsables provinciales de los servicios territoriales de Medio Ambiente. Esta acción se fundamenta en presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos relacionados con errores legales y técnicos en la tramitación de 54 proyectos de plantas de biogás.
Pilar Calvo, abogada de la Asociación Stop Biogás, ha indicado que la querella se presentará en Valladolid en un plazo de una semana a una semana y media, una vez que se completen los informes periciales sobre las 54 plantas mencionadas. Calvo confía en que los tribunales encuentren «elementos suficientes» para dirimir este asunto en un juicio oral.
La abogada ha acusado a la Junta de Castilla y León de incumplir la normativa ambiental vigente, que establece que para que las plantas de biogás sean catalogadas como ‘gas verde’, deben contar con la materia prima en un radio de 15 kilómetros y disponer de hectáreas adecuadas para el uso del digestato, junto con planes de cultivo en un radio de 30 kilómetros.
Calvo ha subrayado que muchas de las plantas que se están implementando no cumplen con estos requisitos. «Si observamos todas las plantas de más de 150.000 toneladas o más de 100.000 toneladas que se están implementando en Castilla y León, no cumplen esos requisitos porque no tienen en un radio de 15 kilómetros la materia prima para la digestión ni tienen en un radio de 30 kilómetros las hectáreas para echar el digestato», ha afirmado.
También ha mencionado que hay plantas operando a una distancia de solo 20 metros, lo que podría resultar inviable para el funcionamiento adecuado de las mismas. «Si para una planta no hay espacio literal para echar el digestato, de dos plantas es inviable», añadió.
Calvo ha criticado que la Junta esté aplicando la normativa del sector porcino para las autorizaciones ambientales de las plantas de biogás, que exige una separación de 500 metros entre explotaciones porcinas. «Ni siquiera se cumple en este caso», puntualizó, además de lamentar la falta de planes para mitigar desastres potenciales, como fugas o explosiones.
La Asociación Stop Biogás también ha mencionado que la mayor parte de las plantas se proyectan en suelo rústico y ha criticado la fórmula de la autorización ambiental genérica. Según esta, las promotoras deben demostrar que cuentan con la materia prima y las hectáreas necesarias solo una vez que las plantas están terminadas y listas para operar.
«El proyecto que se presenta para la autorización ambiental es el mismo para el que después se necesita la licencia de obra; si hay modificaciones al proyecto que se presentó para acceder a la autorización ambiental o se implementan obligaciones adicionales, el proyecto que luego se ejecute para obtener la licencia de obra no será el mismo que el que recibió la autorización ambiental», concluyó la abogada, quien advirtió que muchas plantas no cumplen con los criterios de edificabilidad.
