El Gobierno de Aragón se opone a cofinanciar el Plan Corresponsables, alegando que «nunca se había cofinanciado». La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha enviado una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, solicitando que interceda ante el Ministerio de Igualdad para revertir el recorte del 25 % en los fondos del Plan Corresponsables o que su departamento aporte esos recursos.
Hernández se refiere al hecho de que el Ministerio de Igualdad ha establecido que las Comunidades Autónomas deben aportar el 25 % de los fondos del Plan Corresponsables. Esta medida ha sido criticada por el Gobierno de Aragón, ya que, según su juicio, a pesar de disponer de un presupuesto completo para el plan, se impone a las comunidades una cofinanciación obligatoria cuando ya tienen sus recursos comprometidos para otras iniciativas que favorecen la conciliación.
La consejera ha querido enfatizar que el Gobierno de Azcón «no introduce ningún copago en la educación aragonesa», responsabilizando al Ministerio de Igualdad por el hecho de que las familias deban asumir parte de ese coste debido a la cofinanciación obligatoria. Además, ha recordado que el Ministerio de Igualdad cuenta con un presupuesto completo para el Plan Corresponsables y no ha aclarado cómo se va a utilizar ese dinero.
«La única explicación que dio la ministra en la sectorial fue que el dinero se quedaba en el ministerio», señaló Hernández, considerando que si al Ministerio de Igualdad le interesa la conciliación, «esa partida hay que gastarla al completo para lo que estaba previsto, también por lealtad institucional con las comunidades autónomas».
ARAGÓN RECHAZA LA COFINANCIACIÓN
La consejera ha criticado al ministerio por actuar de forma «unilateral», impidiendo cofinanciaciones a mitad del año presupuestario, afectando así los fondos de la comunidad ya comprometidos para la conciliación. «No es una negativa a aportar lo que nos corresponde, es una imposición del ministerio la cofinanciación para este programa que nunca se había cofinanciado», reiteró Hernández.
Sobre la escuela rural, ha dejado claro que no se verá perjudicada, ya que recibirá una mayor compensación y ningún alumno que lo necesite tendrá que afrontar un gasto excesivo por este programa. Además, ha recordado que la conciliación es una competencia compartida entre el ministerio y las comunidades, y que el Ministerio de Igualdad no debió asumir el cien por cien de la financiación desde el inicio del programa si la intención era trabajar conjuntamente.
