PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) – Los servicios jurídicos de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) han anunciado que emprenderán acciones judiciales contra la Orden foral dictada el martes por el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra. UAGN argumenta que esta orden «no puede limitar o restringir uno de los derechos fundamentales» contemplados en la Constitución, específicamente el derecho al trabajo según su artículo 35, y aún más en un sector esencial como el agrario.
Según un comunicado de UAGN, el 5 de agosto, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra, Amparo López, dictó una orden que prohíbe temporalmente, en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, la realización de actividades agrícolas, forestales y de cualquier otra naturaleza en suelo no urbanizable que utilicen fuego o maquinaria cuyo funcionamiento pueda generar incendios forestales mediante deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.
Postura de UAGN y Consecuencias de la Normativa
Ángel Remírez, responsable jurídico de UAGN, ha subrayado que la organización procederá legalmente porque «el procedimiento para restringir o limitar las actividades relacionadas con el trabajo en el campo solo puede llevarse a cabo mediante procedimientos establecidos en la Constitución Española, como el Estado de sitio, de excepción o de alarma».
Félix Bariáin, presidente de UAGN, cuestionó la efectividad de la orden. «El procedimiento utilizado no es el adecuado. La Orden foral no cubre la presentación de ERES por fuerza mayor para suspender contratos laborales. ¿Va a pagar el sueldo de los trabajadores el Gobierno de Navarra? Las empresas agrícolas enfrentan costes laborales y no pueden ejercer su trabajo», explicó.
Limitación de Actividades Agrarias
Ante esta situación, UAGN enfatiza que el «Plan de Incendios» que justifica esta normativa limita las actividades que no están relacionadas con la agricultura o ganadería. Remírez ha añadido que «aunque permite considerar actividades complementarias, no se pueden restringir actividades específicas amparadas por el derecho al trabajo reconocido en la Constitución Española».
Por su parte, Bariáin declaró que «es un auténtico despropósito que un Gobierno paralice un sector sin un motivo de peso; el coste de paralizar un sector es infinitamente mayor que el coste del incendio que ha afectado a 300 hectáreas de tierra ya cosechada. Esta medida ha sido desproporcionada y no debe ocurrir».
Desvío del Debate Político
Bariáin añadió que «hay una intención de desviar el foco político hacia nuestro sector, para evitar que en cooperativas, bares o fiestas de pueblos se hable de la comparecencia en el Parlamento. Se busca culpabilizar al sector por los incendios. Nos reafirmamos en que la consejera de Interior debería dimitir; esa actuación no es concebible», concluyó.
