El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha concedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a información bancaria de Alberto González Amador, bajo la premisa de investigar varias sociedades relacionadas con él en un caso de presunta corrupción en los negocios. Esta autorización se da en el contexto de una pieza separada, como ha sido confirmado por un auto judicial al que tuvo acceso la ‘Cadena SER’.
MADRID, 11 de junio (EUROPA PRESS) – La decisión judicial implica que se requerirán a entidades bancarias datos sobre los movimientos y saldos de las cuentas de González Amador y otras personas vinculadas, abarcando un período desde el 1 de enero de 2014 hasta el momento presente. Este requerimiento debe ser cumplido de forma directa y reservada, y la información recopilada deberá ser entregada a la Unidad de Policía Judicial.
En abril pasado, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó un recurso presentado por la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que buscaba detener la investigación de la UCO relacionada con irregularidades que no están vinculadas a delitos fiscales o a falsificación documental que ya estaban en revisión.
Examinar las cuentas bancarias
Según la resolución, la solicitud de los investigadores de la Guardia Civil incluía la obtención de datos bancarios, tributarios y de la Seguridad Social, siendo prioritario el examen de las cuentas bancarias antes de avanzar hacia datos fiscales y laborales posteriormente.
El auto indica que las diligencias realizadas hasta el momento dan indicios provisionales sobre una posible operación vinculada a la compra de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida en 2020 por cerca de 500.000 euros por una empresa vinculada a González Amador.
La investigación también examina si esta adquisición tuvo el objetivo encubierto de pagar una comisión a una persona relacionada con Quirón Prevención, a causa de los vínculos comerciales con González Amador.
El juez que lleva el caso justifica esta medida al considerar necesaria la determinación sobre el origen y evolución del patrimonio de los involucrados, con el fin de verificar si hubo un incremento patrimonial que no pueda ser explicado de forma legítima y si este está asociado a las sospechas de corrupción.
Además, el magistrado sostiene que la injerencia en la privacidad financiera de los investigados está respaldada por una investigación penal específica, lo que legitima la intervención.
Finalmente, se han confirmado posteriormente tanto la apertura de esta línea de investigación como la intervención de la UCO por instancias superiores tras los recursos interpuestos por la defensa.
