SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 de noviembre de 2025 (EUROPA PRESS) – El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia en la que estima el recurso interpuesto por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) contra la resolución del área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo de Tenerife, declarando caducada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de velocidad en el Parque Internacional del Motor de Tenerife.
Detalles de la Sentencia
La corporación había emitido una resolución, con fecha 27 de enero de 2023, que aprobaba, de manera definitiva, el proyecto denominado ‘Proyecto modificado de la pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor’, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el 8 de febrero de 2023. Según ATAN, el juzgado estima su recurso y «anula y deja sin efecto» esta resolución.
Esta es la cuarta y última de las sentencias dictadas en los procedimientos en los que el Cabildo de Tenerife dividió la aprobación del Proyecto del Parque Internacional del Motor; tres de ellas han sido favorables a ATAN y una a la institución insular, lo que refuerza la postura que la asociación ha mantenido durante años. La DIA del proyecto de 2011 se considera caducada, dado que no se iniciaron las obras más de doce años después de su otorgamiento, lo que permite aplicar la normativa reguladora de la evaluación de impacto ambiental.
Impacto en el Medio Ambiente
La sentencia también respalda la demanda de ATAN en relación a que el proyecto aprobado es contrario a la Ley del Catálogo Canario de especies protegidas. Los ecologistas afirman que el Cabildo de Tenerife, a pesar de los reveses judiciales y de conocer el daño que causan las obras al patrimonio natural y cultural, ha continuado la ejecución del proyecto para consolidarlo a través de hechos consumados.
ATAN ha señalado que hubo funcionarios del Cabildo que advirtieron previamente que la declaración de impacto ambiental estaba caducada, pero, según ellos, los responsables políticos y los miembros de la comisión insular de evaluación ignoraron estas notificaciones de los técnicos.
Conclusiones
La reciente sentencia no solo marca un revés para el Cabildo de Tenerife, sino que también pone de relieve la importancia de la vigilancia en los procesos de aprobación de proyectos que impactan el medio ambiente. Este caso sirve como recordatorio de que la caducidad de las autorizaciones debe tomarse en serio, particularmente en un contexto donde las normativas ambientales son cada vez más relevantes.
