En la Audiencia Provincial de Valladolid se lleva a cabo un juicio que involucra a tres acusados de importar cocaína de Colombia impregnada en carbón, un caso que ha despertado interés por las declaraciones contradictorias y el contexto en el que se desarrolló la situación. Uno de los acusados, Julio Ángel P.A, afirmó que no compró ni pagó los contenedores que llegaron, ni en origen ni destino, y que solo se quedó con ellos como parte del pago de una deuda. Cuando supo que el contenido era mineral, acordó venderlo a comisión, negando en todo momento saber que en su interior había droga.
Los otros dos procesados, uno que realizaba trabajos esporádicos para Julio Ángel y otro que iba a almacenar el producto, insistieron en que desconocían la existencia de cocaína en los camiones que arribaron a una nave de Medina del Campo (Valladolid) donde fueron detenidos en 2021.
La segunda sesión de este juicio ha estado marcada por la declaración de los tres acusados, donde la Fiscalía solicita inicialmente diez años de prisión para cada uno y un pago de 33,2 millones de euros como multa, en contraposición a la solicitud de absolución que plantean las defensas. Las dificultades de comunicación durante las declaraciones por videoconferencia con Portugal también han sido un factor que ha complicado el proceso.
Declaraciones de los acusados
El primero en testificar fue Julio Ángel P.A, quien aseguró haber recibido la oferta de importar carbón por parte de deudores dentro de un procedimiento judicial. Argumentó que, si él iba a venderlo, debía llevar a cabo una inspección previa con las autoridades aduaneras de Portugal, lo que le llevó a realizar un viaje al país vecino junto a otro de los acusados, Abdelkrim M.
Julio Ángel destacó que le resultó extraño que los contenedores tardaran tres meses en llegar a su destino, en comparación con el tiempo habitual de poco más de 20 días. Según su relato, «yo solo sabía que venían unos contenedores». Añadió que había participado anteriormente en inspecciones de contenedores y por ello viajó a Portugal, aunque, finalmente, no se concretó dicha inspección.
Dificultades de almacenamiento
Julio Ángel intentó vender la mercancía, realizando contactos con varias empresas. Sin embargo, necesitaba un depósito fiscal, dado que el carbón se asimila a un combustible, lo que lo llevó a contactar con Gabriel M.G, quien poseía un depósito fiscal adecuado. Gabriel, al que conoció en Bilbao, él también tenía interés en el negocio, y ambos acordaron la logística para la mercancía.
A lo largo del juicio, varios expertos aportaron su testimonio, sugiriendo que el carbón podría servir como enmascarante en el transporte de la cocaína, y que no había medios apropiados para extraer la droga sin causar una importante pérdida de la misma.
Versión de los otros acusados
La declaración de Gabriel M.G, un ertzaina de profesión, corroboró que su relación con Julio Ángel se limitó al acuerdo de almacenar el carbón. Reiteró que no tenía conocimiento de la droga y se mostró sorprendido por el desenlace del caso, tras lo cual afirmó no saber qué significaba ser parte de una «entrega controlada».
Por su parte, Abdelkrim M. negó cualquier conocimiento sobre la presencia de cocaína en el camión, asegurando que su papel era simplemente ayudar a Julio Ángel en labores de carga y descarga cuando lo requería. Manifestó que no estaba involucrado en los sidebús del negocio y se defendió, afirmando: «llevo 40 años aquí y no voy a destruir a mi familia». Además, un peritaje lo describió como una persona vulnerable y sumisa.
Los testimonios de varios peritos han cuestionado la forma en que se tomaron las muestras de los sacos de carbón para determinar la cantidad de droga incautada. Según la acusación, se encontraron 862 kilos de cocaína, con un valor estimado entre 11 millones de euros (si se vendiera por kilos) y 65 millones (si se comercializara por dosis).
