La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha condenado a doce exmilitares colombianos a penas restaurativas que oscilan entre cinco y ocho años por su responsabilidad en 135 asesinatos perpetrados en el norte del país entre 2002 y 2005, en el contexto del conflicto armado. Esta medida fue anunciada durante una audiencia en Bogotá, donde la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias destacó la seriedad de los crímenes cometidos.
Las penas contra exmilitares en Colombia
Los exintegrantes del Batallón La Popa que fueron condenados son los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez; los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia y José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas; y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.
La magistrada Ochoa indicó que, debido a la gravedad de los actos y el papel que desempeñaron, todos los condenados deben cumplir la sanción máxima de ocho años. No obstante, aplicaron descuentos a aquellos que ya habían comenzado a saldar su deuda con la justicia mediante procesos penales previos que incluyeron penas de prisión o medidas de aseguramiento.
Esta sentencia marca un hito, ya que es la primera impuesta por este tribunal establecido tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC, enfocándose en exmilitares que han admitido su participación en los llamados ‘falsos positivos’. La pena no conlleva cárcel, sino trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas.
Las penas para reparar a las víctimas
Los condenados estarán obligados a participar en seis proyectos restaurativos que incluyen la construcción y el mantenimiento de memoriales y centros culturales, así como apoyo en obras de infraestructura y adecuación de espacios productivos, especialmente en colaboración con comunidades indígenas y afrodescendientes.
Se ha reconocido que todos los exmilitares admitieron su implicación en 135 asesinatos y desapariciones forzadas, que también causaron 192 víctimas indirectas en los departamentos del Cesar y La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, un periodo que coincide con mayor parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
La magistrada Ochoa subrayó que «la mayoría de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 34 años y trabajaban en el campo o en el sector informal». Su selección estuvo ligada a su vulnerabilidad económica, la escasez de empleo y la búsqueda de mejores oportunidades, lo que refleja factores de discriminación histórica.
Los ‘falsos positivos’
Los ‘falsos positivos’ se refieren a ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron reclutados mediante engaño y asesinados para ser presentados como guerrilleros muertos en combate, en un intento de inflar las cifras de éxito militar. Como contrapartida, los soldados recibían recompensas, tales como condecoraciones y permisos.
Ochoa concluyó que «estos hechos no fueron aislados ni atribuibles a conductas individuales, sino que formaron parte de una práctica sistemática y generalizada, orientada a generar reportes operacionales y encubrir crímenes internacionales en un contexto de presión institucional por resultados».
La investigación en este caso, denominado Subcaso Costa Caribe, forma parte del macrocaso 03 de la JEP, uno de los once procesos abiertos, que en 2021 identificó al menos 6.402 personas asesinadas de manera ilegítima y presentadas como bajas en combate en el país entre 2002 y 2008.
Ninguna sociedad debería pasar por esto
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, expresó que «ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal, encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes… con el único fin de convertirlas en cifras, en números, en estadísticas frías y viciadas».
Asimismo, Ramelli enfatizó que «ninguna sociedad debería pasar por algo así, ni tolerarlo, ni mucho menos negarlo, disculparlo o justificarlo. No podemos caer en la tentación del negacionismo histórico. Esos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia».
Finalmente, recalcó que el tribunal ha «literalmente desenterrado la verdad de los cementerios de Colombia», recordando que los condenados han tenido que enfrentar la justicia y las víctimas, enfrentando la magnitud de sus acciones, en muchos casos revelando verdades desconocidas incluso para sus propias familias.
Esta sentencia es la segunda que aplica el modelo de justicia restaurativa en Colombia; la primera fue emitida el martes pasado, con la condena de penas alternativas de ocho años para siete integrantes del último mando de las FARC, entre ellos su líder máximo, Rodrigo Londoño.
