ZARAGOZA, 26 de septiembre (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Aragón ha aprobado este viernes en Consejo de Gobierno un acuerdo por el que toma conocimiento de las alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, actualmente en trámite de audiencia e información pública. La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha considerado este anteproyecto como «una falsa condonación».
Críticas al Anteproyecto de Ley
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha calificado el anteproyecto de ley como «arbitrario e injusto». Aseguró que «no resuelve la infrafinanciación de los servicios públicos» y lo describió como «una trampa», ya que advierte que «los aragoneses acabarán debiendo más dinero del que deben hoy», con un incremento de la deuda per cápita de 253 euros. Vaquero exigió «rigor» al señalar que, según cálculos del Ministerio de Hacienda, a Aragón le correspondería un mayor importe de quita del que ha sido calculado.
Argumentos del Ejecutivo Aragonés
En el escrito de alegaciones, el Ejecutivo aragonés considera necesario llevar a cabo un procedimiento para la actualización del sistema de financiación autonómica. Esto debería realizarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y concluir en un proceso de redistribución de la deuda. Sin embargo, advierten que «hoy por hoy este documento no soluciona los problemas de financiación de la Comunidad» y responde a una exigencia política de ERC para formar gobierno con el PSOE, lo que ha hecho a Pedro Sánchez presidente. Según la vicepresidenta, no hay interés en resolver la financiación autonómica, sino en cumplir las exigencias de sus socios independentistas.
Falta de consenso y principios vulnerados
Vaquero agregó que «no se ha consensuado con las comunidades autónomas, no se ha contado con nosotros y no podemos asumirlo». También apuntó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) ha dejado claro que «los recursos liberados no se pueden destinar a los servicios públicos esenciales».
Además, el Ejecutivo autonómico alega que el anteproyecto de ley vulnera principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad interterritorial, la estabilidad presupuestaria y la interdicción de la arbitrariedad.
Redistribución de cargas
El documento advierte que la llamada condonación es, en realidad, una mera subrogación de deuda en favor del Estado, lo que resulta en una «redistribución de cargas entre territorios de forma desigual y perjudicial para Aragón». Para el Gobierno de Aragón, la metodología de reparto «distorsiona el espíritu de la norma», ya que «premia a comunidades con mayor endeudamiento y penaliza a aquellas que han mantenido una gestión financiera más responsable».
Solicitud de suspensión
Por lo tanto, el Ejecutivo solicita la suspensión de la tramitación del anteproyecto mientras no se aborde de forma paralela y prioritaria una reforma del modelo de financiación que garantice recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos fundamentales y una distribución justa y equilibrada entre territorios.
