El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el nuevo decreto que regula la implantación de titulaciones universitarias oficiales en la región, un paso significativo que sustituye el anterior Decreto 168/2008. Este nuevo marco normativo busca alinear la legislación autonómica con la vigente a nivel estatal y fomentar la calidad del sistema universitario en Canarias. La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, destacó que el decreto tiene como finalidad clarificar y agilizar los procedimientos relacionados con la creación, modificación y extinción de titulaciones universitarias.
Machín enfatizó que «ordenar cómo se implantan las titulaciones es también ordenar el futuro de Canarias, porque estamos hablando de qué oportunidades generamos y de cómo conectamos la formación académica con la realidad de nuestras islas». El decreto introduce importantes modificaciones que buscan reducir los tiempos de tramitación y eliminar pasos innecesarios en el proceso. Por ejemplo, se simplifica el procedimiento para evaluar la necesidad y viabilidad de nuevas titulaciones y se establecen plazos más definidos para su resolución, lo que permitirá una mejor organización por parte de las universidades.
Además, el nuevo decreto reorganiza el proceso de implantación de títulos, que ahora se realizará una vez verificado el plan de estudios por el Consejo de Universidades, siempre previa evaluación de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE). Esta gestión busca evitar duplicidades y adaptar el sistema a las normativas estatales vigentes.
Anticipar el desarrollo de nuevos títulos
La consejera subrayó que esta actualización permitirá a las universidades anticipar el desarrollo de nuevos títulos académicos y responder de manera ágil a las demandas sociales, reforzando así la conexión entre la formación académica y la realidad canaria. El texto también incluye medidas para garantizar la sostenibilidad de las titulaciones. En este sentido, cuando se detecten circunstancias específicas tras la implantación de un título, las universidades deberán analizar su evolución y, si es necesario, implementar actuaciones para asegurar su continuación.
Por otro lado, la norma refuerza el seguimiento de las enseñanzas universitarias, especialmente en aquellos centros que no cuentan con acreditación institucional, para garantizar el cumplimiento de los compromisos académicos y proteger los intereses formativos de los estudiantes. Las universidades, en ejercicio de su autonomía, llevarán a cabo actuaciones de internacionalización adaptadas a la naturaleza y objetivos de cada titulación. Esto incluirá la posibilidad de ofrecer asignaturas, módulos o itinerarios en otros idiomas, así como programas de movilidad o dobles titulaciones internacionales, todo ello sin suponer un coste adicional para el estudiantado.
La norma también contempla medidas para mejorar la conexión entre las titulaciones y el entorno profesional, incorporando formación orientada a la inserción laboral que podrá incluir prácticas académicas externas, ajustadas a las características de cada estudio. «Con este decreto damos estabilidad al sistema universitario y mejoramos su capacidad para anticiparse, ordenar su oferta y adaptarse a lo que Canarias necesita», concluyó Machín.
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