Vox ha criticado al Partido Popular (PP) por sumar sus votos a quienes, según ellos, «en agosto se reunieron con Otegi», en referencia a MÉS per Mallorca.
PALMA, 16 sep. (EUROPA PRESS) – El pleno del Parlament ha dado luz verde a la toma en consideración de la ley impulsada por MÉS per Mallorca y Més per Menorca para reclamar la cogestión aeroportuaria.
La propuesta, que ha recibido el apoyo del PP, mientras que el PSIB se ha abstenido, contempla la transferencia de la titularidad a la Comunidad Autónoma de los aeropuertos de Palma, Ibiza, Menorca y Son Bonet, así como los bienes de dominio público de AENA y las competencias en ejecución. También se prevé la creación de una autoridad aeroportuaria de Baleares, con la participación del Govern, los Consells y el Estado.
Durante la defensa de esta norma, que deberá ser elevada al Congreso si se aprueba, el diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, destacó que la ley «no va de tener más o menos turistas, sino de permitir a las instituciones que tienen las competencias exclusivas en definir el modelo turístico puedan hacerlo con todas las herramientas y no atadas de pies y manos».
Rosa se dirigió en varias ocasiones a la bancada socialista, a quienes recriminó que «no hayan hecho esfuerzos por abrir en Madrid el melón de la cogestión». Asimismo, expresó su sorpresa por la abstención del PSIB y lamentó que «no se hayan querido sumar al debate».
La creación de una autoridad aeroportuaria, añadió el ecosoberanista, permitiría gestionar la actividad y el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias «sin pensar únicamente en los beneficios».
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, desestimó la «idea inocente» de que el mercado regula los flujos de oferta y demanda, afirmando que «Ryanair no pone líneas donde la gente quiere ir; es la gente la que va donde Ryanair pone líneas». Reiteró la relevancia de las infraestructuras aeroportuarias, especialmente en las islas pequeñas.
Castells señaló que la ley parte de «la desconexión absoluta de la política aeroportuaria y la política turística» y criticó la «política extractivista» de AENA. Citó como ejemplo la coexistencia de un Govern y una mayoría parlamentaria que apuesta por la contención junto con un tráfico de pasajeros «disparado».
Para el menorquinista, el inicio de la tramitación, tras múltiples iniciativas parlamentarias, es un «día histórico» porque se «pasa de las palabras a los hechos». Celebró la «postura atrevida» del PP, deseando que se acompañe del apoyo de sus compañeros de Madrid. Asimismo, criticó al PSIB por priorizar, según él, los intereses del partido en Madrid.
La diputada del PP, Margalida Pocoví, destacó que la reclamación de la cogestión «no es nueva ni fruto de la improvisación» y subrayó que el modelo actual no funciona y está agotado. Además, mencionó situaciones que evidencian una gestión deficitaria, como inundaciones, desprendimientos de obras, cortes eléctricos en plena temporada y denuncias por falta de seguridad laboral, además de la insuficiente presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Pocoví se cuestionó por qué se abre la puerta a la cogestión en Cataluña, preguntándose: «¿Será por un puñado de votos, por mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa?»
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, criticó el respaldo del PP a esta propuesta y les reprochó que se unan a un partido que, según él, «en agosto se reunió con Otegi». Expresó: «Lo suyo no lo puedo entender» y señaló que «de ustedes, junto con nosotros, depende el futuro de España». Rodríguez reconoció el descontento con la gestión, pero afirmó que «eso no es excusa» para apoyar iniciativas que debilitan las instituciones.
Antes de finalizar, Rodríguez lanzó una advertencia al PP: «Ustedes piensan que van a gobernar para siempre, pero cuando pongan este instrumento en manos de personas como esas [refiriéndose a la izquierda], se van a encontrar con las consecuencias. No reflexionan sobre la trascendencia de lo que a veces votamos aquí. Al final les acabarán apaleando». Además, aprovechó su última intervención para instar al PP a tramitar y enmendar su propuesta de ley para introducir el castellano como lengua vehicular en la educación.
UN PLANTEAMIENTO DE MÁXIMOS INVIABLE
En el turno de fijación de posiciones, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, afirmó que lo presentado no corresponde a la defensa que han hecho los promotores en sus intervenciones. Pons criticó lo que consideró la falta de honestidad política de los ecosoberanistas, insistiendo en que el PSIB está a favor de la cogestión, pero consideró que la propuesta discutida «va mucho más allá».
El parlamentario del PSIB describió el planteamiento como «inviable desde el punto de vista institucional e improbable en un contexto empresarial de una mercantil que cotiza en bolsa». Pons dudó del encaje constitucional y estatutario de la proposición de los ecosoberanistas.
«Si hubieran querido un acuerdo de país, nos podríamos haber reunido», concluyó. Para los socialistas, el apoyo de Marga Prohens y el PP busca «tapar sus incapacidades» tras reconocer la saturación sin haber aprobado ninguna de las medidas valientes anunciadas.
