Medidas de recuperación tras los incendios forestales en Castilla y León
El Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Castilla y León ha aprobado un primer paquete de medidas destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025. Estas acciones, valoradas en 114 millones de euros, se centran en la atención a las personas y la reconstrucción de las áreas devastadas.
Apoyo a las familias y municipios
En un enfoque integral, la Junta ha establecido ayudas de hasta 185.000 euros para la reconstrucción total de las viviendas que hayan quedado inhabitables. También se ofrecerán compensaciones para cubrir la pérdida de enseres básicos y se destinarán 500 euros a las familias desalojadas de sus hogares, siendo esta ayuda solicitada a partir del próximo viernes. Además, se amplía la línea de ayudas de emergencia para financiar el alojamiento temporal de quienes hayan perdido su hogar, así como para cubrir los gastos de acogida de personas desalojadas y otros colectivos que hayan colaborado en la gestión de la crisis.
Se contemplan, asimismo, ayudas específicas para reparar daños en viviendas y otras edificaciones, incluyendo la reposición de mobiliario y electrodomésticos necesarios. Los municipios también recibirán apoyo para mejorar infraestructuras y equipamientos, además de ayudas para la gestión de residuos. El Gobierno autonómico ya ha comenzado medidas para la retirada de escombros en inmuebles dañados, independientemente de su uso.
Compromiso con la agricultura, ganadería y sector apícola
Las medidas de compensación también alcanzan al sector agrícola y ganadero. La Junta ha diseñado diversas ayudas para afrontar las pérdidas en cultivos y ganado, así como para la reposición de vallados y estructuras dañadas. Se garantizará la flexibilización de los condicionantes de la Política Agraria Común (PAC) desde el primer año, además de apoyo financiero para la rehabilitación de construcciones vinculadas a estas actividades.
El Ejecutivo autonómico ha implementado un sistema de emergencia para abastecer de alimento y agua a las explotaciones agrícolas y ganaderas, asegurando, incluso, que los ayuntamientos puedan necesitar ejecutar de forma inmediata balsas de agua para el bienestar de los animales. Este enfoque abarca también la reparación de caminos rurales, priorizando accesos a granjas y cortafuegos necesarios.
Ayudas a autónomos, pymes y tejido productivo
La Junta de Castilla y León otorgará ayudas extraordinarias de 5.500 euros a negocios ubicados en las zonas afectadas, con el objetivo de compensar el periodo de inactividad y reactivar la actividad económica. Además, se establecerán líneas de apoyo para los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) como consecuencia de los incendios, así como incentivos para la creación de nuevas empresas en las localidades perjudicadas, con subvenciones de hasta el 75 % del coste subvencionable.
Asimismo, se prevén facilidades en la obtención y bonificación de préstamos para empresas afectadas y ayudas que permitan garantizar liquidez en estos negocios. La tasa de desempleo será atacada con el establecimiento de fondos para la contratación de desempleados a través del programa RENACEL, diseñado especialmente para fomentar la reactivación laboral en las áreas afectadas.
Programa específico para Las Médulas
La Junta ha planificado un programa de recuperación para Las Médulas, con actuaciones enfocadas a la conservación y promoción de este sitio Patrimonio de la Humanidad. Se promoverán iniciativas culturales y turísticas que busquen reforzar la proyección internacional de este enclave. Entre las acciones previstas están la restauración de sendas y la reconstrucción de infraestructuras culturales, asegurando que estas se integren de manera sostenible en el entorno.
Por último, el Gobierno ha solicitado la Declaración de Zona Catastrófica, lo que abriría la puerta a nuevas ayudas para las personas y entidades impactadas por los incendios. La administración central también será instada a adoptar medidas urgentes de protección laboral que beneficien a trabajadores y empresas en las áreas afectadas, garantizando la seguridad económica de la población afectada.
