MADRID, 10 de mayo. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Supremo celebrará este miércoles una vista para estudiar diferentes solicitudes de paralizar de forma cautelar el real decreto sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno.
Concretamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha convocado, como recurrentes, a diversas organizaciones y entidades, entre ellas Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox, y la Comunidad de Madrid, según han indicado fuentes jurídicas.
Por parte del Gobierno, se prevé que la Abogacía del Estado acuda a la vista, donde las partes expondrán sus posiciones sobre la posible suspensión de la regularización de migrantes mientras se resuelve el fondo del asunto.
Argumentos de los recurrentes
Hazte Oír ha solicitado al alto tribunal que suspenda cautelarmente el real decreto, argumentando que excede los límites legales y «altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos».
De manera similar, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha señalado que existe «riesgo cierto de perjuicio irreparable» debido a la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la «tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes», la «generación de situaciones jurídicas individualizadas» o la «concesión de autorizaciones de residencia y trabajo».
Vox, a través de su dirigente Ignacio Garriga, ha denunciado que esta medida implicará la «legalización e institucionalización de la invasión migratoria» y ha advertido que enviará «un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España».
Reacción del Gobierno regional
Desde el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso se han justificado el recurso presentado, argumentando que la regularización afecta «gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños» sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios, además de «contravenir» la normativa de la Unión Europea y «afectar» a la seguridad.
Datos sobre el real decreto
El Ejecutivo de Sánchez aprobó en abril el real decreto que beneficiará a 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular, según han asegurado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ya durante el mismo mes, el Supremo solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que le remitiera el «expediente administrativo» del real decreto para la regularización.
