La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia expulsó este lunes al general retirado de la Policía Mauricio Santoyo, quien se desempeñó como jefe de seguridad de la Presidencia de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010. Esta decisión se basa en la falta de aportes de «verdad plena» sobre el conflicto armado en sus comparecencias ante el tribunal.
En una resolución emitida, la JEP declaró que Santoyo «incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad», que es esencial para su acceso y permanencia en el Sistema Integral para la Paz. Este régimen exige a los comparecientes proporcionar información veraz sobre su participación en el conflicto.
Como consecuencia de su expulsión, Santoyo pierde los «tratamientos especiales y beneficios otorgados por las autoridades judiciales y administrativas». Estos estaban previstos para quienes comparen ante la JEP, un tribunal transicional establecido tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
#Atención | La JEP declara que el general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco incumplió de manera grave e injustificada el régimen de condicionalidad al no aportar verdad plena. Como consecuencia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó su expulsión de la JEP y… pic.twitter.com/4UFPwnixOP
A pesar de esta decisión, el exjefe de seguridad de Uribe tiene la opción de presentar un recurso de reposición. Esto le permitiría solicitar a la JEP que revise, aclare, modifique o revoque su decisión, o incluso que presente una apelación.
El caso Santoyo
El general retirado enfrenta investigaciones ante la JEP relacionadas con la victimizacion de miembros del partido político de izquierda Unión Patriótica (UP) y los crímenes presuntamente cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en conexión con grupos paramilitares o civiles durante el conflicto armado.
Actualmente, Santoyo tiene dos procesos penales en su contra que permanecen suspendidos mientras se encuentre bajo la jurisdicción de la JEP. Uno de ellos es por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y el otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En relación a estos últimos delitos, fue condenado por la justicia estadounidense y cumplió una pena de 85 meses de prisión tras su extradición. Aun así, fue aceptado en la JEP en septiembre de 2021, y se le concedió un beneficio transitorio de privación de la libertad en una unidad policial.
Durante una audiencia celebrada en marzo de 2024, Santoyo negó su responsabilidad en los hechos que se le imputan y no presentó información nueva que pudiera contribuir a esclarecer la verdad. Dos meses después de esa audiencia, la JEP decidió denegar su solicitud de libertad.
Si se le expulsa definitivamente de la JEP, su caso será remitido a la justicia ordinaria, donde enfrentará nuevas consecuencias legales y se mantendrá en prisión.
