Vitoria, 19 de febrero (EUROPA PRESS) – El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha advertido sobre la situación crítica que se presenta si el Ministerio de Sanidad no asume sus «responsabilidades» en la negociación de un estatuto marco específico para el colectivo médico. En caso de que esto no ocurra, el Gobierno Vasco reclamará una «ampliación» de sus competencias en materia sanitaria para abordar no solo esta cuestión, sino otras que afectan a la sanidad.
Martínez, al llegar al Parlamento Vasco, expresó su crítica hacia la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el conflicto con los médicos, quienes han solicitado un marco regulatorio que el Ministerio ha rechazado.
El consejero ha hecho énfasis en el impacto significativo que esta huelga, que se presentó como una protesta «de ámbito estatal», está teniendo en el sistema asistencial de Osakidetza. De hecho, resaltó que durante los primeros días de huelga se ha registrado un seguimiento de aproximadamente un 16% en Euskadi.
Además, se han cancelado 10.291 consultas de atención primaria, 2.752 consultas de pediatría, 569 cirugías, 10.221 consultas con especialistas y 6.156 pruebas diagnósticas en apenas dos días. Este impacto acumulado da lugar a una estimación de que en total se podrían cancelar 26.000 consultas de atención primaria, 6.880 consultas de pediatría, 1.492 cirugías, 25.552 consultas de especialistas y 15.390 pruebas diagnósticas a lo largo de la semana.
El consejero considera que esta huelga es «legítima desde un punto de vista laboral», pero subraya la necesidad de encontrar «una solución urgente». Sin embargo, lamentó que, a medida que la semana avanza, no se aprecian cambios en la actitud negociadora, lo que podría prolongar y agravar la situación.
Preocupaciones Institucionales
Desde una perspectiva institucional, Martínez expresó su inquietud con respecto a que la estrategia de negociación del Ministerio «pone en riesgo la viabilidad de los propios sistemas sanitarios». Subrayó que abordar la renovación del estatuto marco sin considerar al conjunto de los grupos profesionales dificulta aún más el proceso. Además, ha criticado que «mientras los sistemas asistenciales y los pacientes sufren esta situación, el Ministerio señala a las comunidades autónomas».
Afirmó que, aunque las comunidades autónomas tienen competencia sobre la asistencia sanitaria, «no es el momento de rehuir las responsabilidades». En ese sentido, cuestionó: «¿Para qué necesitamos un Ministerio dentro del Sistema Nacional de Salud?» Esto surge de la contradicción de que el Ministerio se reconozca competente en ciertas negociaciones pero no para acordar con los médicos.
Un Llamado a la Negociación
Martínez instó a Sanidad a «reactivar la negociación sin exclusiones y teniendo en cuenta la realidad de todos los grupos profesionales, incluido el colectivo médico». Enfatizó que el futuro marco regulatorio depende en gran medida del Sistema Nacional de Salud y que el estatuto marco «regula las condiciones laborales comunes del personal estatutario», una competencia exclusiva del Ministerio.
El consejero ha dejado claro que «si el Ministerio no reconoce los principios que sustentan su papel en el Sistema Nacional de Salud, el problema será extremadamente grave», lo que podría dejar sin cobertura normativa y sin garantías constitucionales a los profesionales de la salud.
Martínez está abierto a negociar con el Ministerio una ampliación del autogobierno vasco y de sus competencias en el ámbito sanitario. Resaltó que «el Ministerio nos emplaza a que resolvamos», a pesar de que se trata de un «marco exclusivamente estatal». Si el Ministerio no tiene la capacidad de negociar con el colectivo médico, «nosotros sí demandaremos la posibilidad de tener nuestro propio estatuto marco».
