La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ha condenado a 22 años y dos meses de cárcel al armador del pesquero Rúa Mar, hundido en enero de 2020 tras volver de aguas marroquíes, lo que resultó en la muerte de seis personas. El juicio concluyó el pasado 10 de octubre.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, impone al armador una pena de 12 años por homicidio imprudente en relación con las muertes, además de cinco años y cuatro meses por un delito contra la salud pública, un año y dos meses por pertenencia a grupo criminal, y tres años y cuatro meses por blanqueo de capitales, junto con otros cuatro meses por blanqueo en tentativa. Además, el condenado deberá indemnizar a los familiares de las víctimas con más de un millón de euros y enfrentarse a una multa de más de seis millones y medio de euros.
Para el resto de los acusados, las penas oscilan entre seis años y dos meses y tres años y cuatro meses de prisión, en particular para la pareja del armador, quien también fue condenada por blanqueo de capitales. Es importante tener en cuenta que en este procedimiento hay seis acusados, aunque uno de ellos no se ha presentado, encontrándose en paradero desconocido.
La sentencia detalla que las investigaciones de la Policía Nacional revelaron, a principios de 2019, la existencia de un grupo dedicado a la introducción de hachís procedente de Marruecos mediante barcos de pesca, con el objetivo de distribuirlo posteriormente. Este grupo operaba bajo la apariencia de una entidad pesquera, de la que el armador del Rúa Mar era administrador, disponiendo al menos de cuatro embarcaciones pesqueras para llevar a cabo esta actividad ilícita.
De acuerdo con la sentencia, estas embarcaciones estaban modificadas con un doble fondo en su estructura, lo que les permitía cargar hachís en alta mar, camuflando sus salidas al mar bajo la actividad legal de la pesca para evadir los controles de las autoridades.
El armador era considerado el líder del grupo, organizando y supervisando las operaciones relacionadas con la recepción de droga en alta mar y la introducción de esta en las costas españolas a través de su infraestructura marítima. También controlaba a los patrones de las embarcaciones, quienes eran de su confianza y conocían la actividad ilegal.
El 22 de enero de 2020, el Rúa Mar zarpó del Puerto de Barbate con rumbo a aguas marroquíes. La embarcación fue detectada a las 5:35 horas en coordenadas coincidentes con las discutidas en conversaciones intervenidas entre los acusados, en aguas marroquíes al oeste de Tánger.
Ese mismo día, a las 18:37 horas, el armador, mientras se encontraba en un vehículo con un dispositivo de sonorización instalado por la policía, mantuvo una conversación telefónica con el patrón del Rúa Mar. En esta conversación se enteró de que se había cargado hachís en el barco y que había una avería en el embrague que les impedía moverse.
Tras esta conversación, se desconoce lo que ocurrió con el Rúa Mar y su tripulación hasta las 2:57 horas del 23 de enero de 2020, cuando Salvamento Marítimo intentó establecer contacto con el armador. Este, al notar las llamadas, se comunicó con ellos.
A las 3:10 horas, Salvamento Marítimo informó al armador sobre la activación de la radio baliza del Rúa Mar al oeste de Cabo Espartel, que ocurrió a la 1:31 horas, según el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento. A su vez, se le preguntó si el barco contaba con teléfono satelital, a lo que el armador contestó que no, afirmando que no había hablado con la tripulación desde que salieron a faenar.
Finalmente, la radio baliza del Rúa Mar fue localizada el 24 de enero de 2020 a 14 millas al nordeste de donde se había activado, comprobando que no había sido activada de forma manual. La sentencia también indica que no se ha acreditado que los fardos hallados el 26 de enero de 2020 en las inmediaciones del faro de Trafalgar tuvieran relación con la carga del Rúa Mar.
La sentencia concluye que el armador, pese a conocer la avería en el embrague de la embarcación, no tomó ninguna acción al respecto, omitiendo informar a los servicios de salvamento. Esto resulta crucial, ya que su emergencia podría haber llevado a que los servicios de rescate llegaran al lugar antes del hundimiento, pudiendo haber evitado la tragedia.
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