La Fiscalía ha solicitado penas de entre tres y seis años de prisión para los implicados en una operación que permitió el tránsito irregular a la Península de aproximadamente 47 inmigrantes que arribaron a Canarias en pateras. Este juicio se llevará a cabo el próximo miércoles, 22 de octubre, en la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
En total, cuatro personas están acusadas de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsificación de documento público. Entre los acusados se encuentran una mujer de origen magrebí, identificada como S.B., y uno de sus hijos, Y.M. El otro hijo, A.M., no ha sido incluido en el proceso judicial ya que se ha fugado a Marruecos. Además, se enfrenta a cargos M.S.M. por falsificación de documentos y E.B.P. como cooperador necesario, solicitando la Fiscalía penas que oscilan entre tres y seis años de prisión.
Las investigaciones del caso, llevadas a cabo por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, han relevado la existencia de una red familiar magrebí que, desde Gran Canaria, habría transportado a la Península y a otros países de la UE a 47 inmigrantes irregulares entre noviembre de 2021 y julio de 2022.
Se ha determinado que la mujer acusada, en situación regular en España, era la líder de esta red. Se contactaba con organizadores en Marruecos para facilitar a los inmigrantes su salida de las Islas Canarias. Tras el pago realizado por los inmigrantes, la red los identificaba para recogerlos en el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE) de Barranco Seco o en los hoteles del sur de Gran Canaria en los que el Gobierno los alojaba.
Una vez llegados a tierra firme, la organización les proporcionaba alojamiento en viviendas de Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, así como ropa, billetes de transporte e instrucción sobre cómo simular solicitudes de asilo, aconsejándoles que alegaran motivos falsos para evitar su repatriación.
Además, se ha evidenciado que la red también facilitó la fuga de menores inmigrantes de centros de acogida, permitiéndoles viajar con documentación manipulada.
Documentación falsa para obtener residencia en España
En un giro adicional de la investigación, se descubrió que la líder de este grupo mostró interés en el negocio de M.S.M., quien supuestamente dirigía un segundo entramado destinado a obtener residencias legales mediante documentos falsificados, cobrando al menos 4.000 euros por persona.
Este individuo, en colaboración con E.B.P., manipuló certificados de nacimiento y empadronamientos para aparentar vínculos familiares con ciudadanos españoles, logrando así la regularización de al menos 58 inmigrantes. La investigación ha permitido confirmar que M.S.M. facilitó la entrada fraudulenta de ciudadanos marroquíes y mauritanos a España, a quienes previamente ayudó a obtener de manera ilícita una autorización de residencia.
La Fiscalía ha indicado que M.S.M. presentaba, directa o indirectamente a través de abogados, documentos manipulados, como certificados del registro civil que hacían pasar a ciertas personas por hijos de ciudadanos españoles, además de certificados de empadronamiento fraudulentos.
