El Gobierno de Castilla y León se opone a cambios en la ley estatal de Transparencia
El Gobierno autonómico de Castilla y León ha manifestado su disconformidad con la reciente propuesta de modificar la Ley estatal de Transparencia. Esta modificación busca establecer un régimen sancionador por infracciones en materia de temporalidad en el empleo público, lo cual, según el Ejecutivo castellanoleonés, no debería ser objeto de dicha Ley, ya que esta no aborda el control de los nombramientos o la contratación de personal en las Administraciones Públicas.
Fecha: 17 de septiembre de 2025
Procedencia: Castilla y León | Consejería de la Presidencia
Asistencia a la Conferencia Sectorial de Administración Pública
El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, participó en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, presidida por el ministro de Transformación Digital y Función Pública del Gobierno de España, Óscar López. En este encuentro, estuvieron presentes los representantes de todas las comunidades autónomas con competencias en la materia.
Modificaciones propuestas por el Gobierno estatal
En el orden del día de la reunión se presentaron las intenciones del Gobierno estatal de modificar el TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), que fue introducido en 2015 y tiene su última redacción actualizada en 2021. Entre las propuestas también se incluye la modificación de la Ley de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Objetivos de las modificaciones
Las modificaciones propuestas tienen como objetivo principal endurecer las limitaciones de permanencia del personal interino en el servicio público a dos años, en lugar de tres, como señala la normativa actualmente vigente. También se pretende establecer sanciones para las Administraciones Públicas que incurran en irregularidades relacionadas con la duración de estos nombramientos o contratos.
Rechazo a la limitación de días de los interinos
González Gago ha expresado el rechazo de la Junta de Castilla y León a esta limitación en los nombramientos de personal interino, argumentando que la medida no considera la realidad operativa de sectores esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Además, subrayó que los esfuerzos del Gobierno autonómico para estabilizar las plazas de estos empleados públicos deben ir acompañados de la garantía de continuidad y calidad en los servicios públicos, especialmente en un territorio tan amplio y disperso como Castilla y León.
Impacto de la limitación de tiempo
González Gago ha señalado que la aprobación de una Oferta Pública de Empleo y el desarrollo del posterior proceso selectivo para incorporar funcionarios de carrera requieren un tiempo superior a los dos años propuestos; la limitación planteada resultaría ineficiente para asegurar una correcta cobertura de los puestos públicos.
Posibles consecuencias de la normativa
El consejero advirtió que establecer un plazo máximo de dos años de forma generalizada y sin excepciones podría generar disfunciones en la prestación de servicios básicos, dificultar la gestión ordinaria de recursos humanos y limitar la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones imprevistas.
Oposición a la propuesta de modificación de la ley de Transparencia
Por otro lado, la Junta de Castilla y León se opone a la modificación de la Ley de Transparencia para incluir un régimen sancionador específico relacionado con la temporalidad en nombramientos o contratos, al considerar que esta ley no es el instrumento adecuado para regular aspectos vinculados a la contratación o gestión del personal en las Administraciones Públicas.
Propuesta de un aplicativo informático
No obstante, la Junta está dispuesta a aceptar la propuesta del ministro de crear un aplicativo informático que facilite el control y seguimiento de la temporalidad en las Administraciones Públicas, reconociendo que esta herramienta podría contribuir a una gestión más transparente y eficiente del empleo público.
Compromisos adicionales del Gobierno autonómico
Finalmente, el Gobierno autonómico ha mostrado su conformidad con el resto de propuestas presentadas en el orden del día de la Conferencia Sectorial, incluyendo medidas para impulsar la transformación digital de las Administraciones Públicas, simplificando trámites para los ciudadanos, así como la creación de un Grupo de Trabajo para desarrollar una red de interconexión entre servicios de atención al ciudadano, que permitirá una coordinación más eficiente y una respuesta más rápida a sus necesidades.
