PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) – El Ayuntamiento de Palma ha advertido que las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Palma continúan colapsadas, tras haber tramitado en los últimos tres días más de 1.150 entradas vinculadas a peticiones de informe de vulnerabilidad. Estas oficinas han atendido a 1.100 personas y más de 3.000 en el resto de oficinas de atención.
En un comunicado, desde Cort han señalado que desde el pasado miércoles se están registrando largas colas de personas que acuden sin cita previa para informarse sobre el proceso de regularización.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ya había manifestado este jueves que la ausencia de previsión por parte del Ejecutivo central ha llevado a que esta medida sea considerada improvisada, adoptada sin planificación, sin dotación de recursos, y sin contar con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos.
Martínez alertó sobre las consecuencias directas que esta decisión tiene sobre los servicios municipales. Desde Cort aseguran que esta situación está «comprometiendo gravemente» el funcionamiento ordinario de las OAC, dificultando la atención a los ciudadanos que necesitan acceder a estos servicios para la realización de otros trámites de carácter social, y sometiendo a los trabajadores municipales a una presión «inasumible».
El Consistorio ha recordado que los municipios son responsables de la emisión de informes de vulnerabilidad necesarios para la tramitación de las solicitudes y del acompañamiento social posterior, sin que se haya previsto financiación adicional ni refuerzo alguno.
Esto, según han criticado, significa una transferencia de responsabilidades sin recursos y pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos. Más de 1.150 entradas de registro vinculadas a peticiones de informe de vulnerabilidad, en apenas tres días, evidencian una situación insostenible que está afectando el funcionamiento normal de los servicios municipales.
En los primeros cuatro meses de 2026, se han registrado un total de 538 peticiones de informe de vulnerabilidad de residentes del municipio, de las cuales 91 aún están pendientes de resolución.
El Ayuntamiento ha reiterado su petición al Gobierno y a la Delegación del Gobierno para que adopten urgentemente las medidas necesarias que garanticen el orden y la seguridad, así como para que asuman directamente la gestión de la información del proceso, evitando que recaiga toda la presión sobre la administración municipal.
Asimismo, ante las declaraciones del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, quien afirmó que no se han recibido consultas de ningún ayuntamiento para la expedición de informes de vulnerabilidad, el Consistorio ha insistido que no se trata de resolver dudas, sino de asegurar los medios necesarios para la gestión del proceso y de asumir su responsabilidad en la tramitación del mismo.
Desde Cort también han destacado la imposibilidad material de gestionar un volumen de expedientes tan alto con las estructuras actuales. La Oficina de Extranjería de Baleares ha afirmado que se encuentra desbordada, con la mitad de sus plazas sin cubrir y con plazos de hasta 120 días para la tramitación de los expedientes, lo que evidencia la falta de capacidad del sistema para afrontar este proceso extraordinario.
Para el Ayuntamiento resulta contradictorio que, ante esta saturación reconocida por la propia Administración General del Estado, no se haya creado un mecanismo de coordinación eficaz y se traslade la presión a los ayuntamientos, exigiendo además que estos asuman recursos necesarios para una medida adoptada «de forma unilateral y sin consenso».
Se ha insistido en la falta de respuestas del Gobierno central, que aún no ha especificado aspectos clave del procedimiento, como el tipo de informe de vulnerabilidad requerido, los requisitos para las personas solicitantes, los controles de identidad previstos o el perfil de las personas a regularizar.
Por último, han lamentado que la Delegación del Gobierno haya emitido un comunicado que no concreta dichos requisitos, limitándose a indicar que las personas deben acreditar su situación mediante un modelo ante las entidades competentes, sin establecer criterios objetivos claros.
El Consistorio ha advertido de que no hay una evaluación real del impacto del proceso de regularización, dado que los ayuntamientos serán quienes soporten la presión sobre servicios públicos como la atención social, la vivienda o la escolarización, lo que compromete la capacidad de respuesta ante otras situaciones de emergencia social.
A pesar de todo, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la inclusión y la cohesión social, trabajando desde los servicios municipales
FUENTE
