ZARAGOZA, 27 sep. (EUROPA PRESS) – Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han anunciado la ruptura de las negociaciones del convenio autonómico del sector de protección y reforma en Aragón, un ámbito que abarca a cerca de 600 profesionales en centros de menores y recursos residenciales. Esta ruptura se produce tras constatar la negativa de las principales patronales y empresas del sector a asumir compromisos reales que permitan mejorar las condiciones laborales.
Entre las empresas más influyentes en Aragón se encuentran la Fundación Rey Ardid, Aldeas Infantiles y YMCA, las cuales, según los sindicatos, han mostrado un «desinterés total» durante el proceso de negociación. Asimismo, se señala que otras entidades como Kairós y Fundación Ozanam no participan en ninguna patronal, a pesar de gestionar recursos públicos y contar con casi 200 trabajadores entre ambas.
En junio, se había establecido un calendario de negociaciones en el marco de una mediación en el SAMA, en el que se recogía el compromiso de avanzar en tablas salariales y jornada laboral. Sin embargo, tras la actitud mostrada el pasado 24 de septiembre por la patronal, los sindicatos consideran que dicho calendario ha quedado roto, lo que representa un incumplimiento flagrante del acuerdo alcanzado anteriormente.
Héctor García, portavoz de CGT, ha criticado que «las patronales han demostrado que no quieren negociar nada». Asegura que intentan mantener a los trabajadores en las mismas condiciones precarias, mientras sus cuentas crecen año tras año. «Esta huelga es la respuesta a su desprecio hacia las trabajadoras y trabajadores del sector», ha enfatizado.
Angélica Mazo, de UGT, ha recordado que llevan meses presentando propuestas razonables, tales como la reducción de jornada, equiparación salarial con el personal público y permisos que permitan conciliar la vida laboral y familiar. Según Mazo, «la negativa sistemática de las empresas y la pasividad de la Administración nos abocan al conflicto».
Llegada de menores
La situación se torna aún más grave en un contexto en que Aragón debe atender el reparto de menores migrantes provenientes de Canarias, con 250 plazas ya adjudicadas y previsiones de ampliación a otras 50-60. La falta de avances en el convenio está complicando gravemente la contratación de educadores sociales y otros perfiles necesarios para cubrir las nuevas plazas, lo que podría resultar en una atención inadecuada para estos menores. Jesús Esteban, representante de CCOO, ha manifestado que «la falta de avances en el convenio complica la atención a los menores».
Los sindicatos han responsabilizado directamente a la Administración autonómica por esta desatención, argumentando que no se involucra en garantizar condiciones dignas para los trabajadores del sector. Esta falta de implicación deja a los menores y a los profesionales en una situación de precariedad e incertidumbre.
