El grupo parlamentario de Vox en Aragón ha anunciado su intención de presentar una iniciativa con el fin de que «las Cortes de Aragón manifiesten la necesidad de llevar a cabo un análisis del gasto directo e indirecto asumido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón destinado a inmigración ilegal, así como por cualquier organismo autónomo o entidad de derecho público del sector público aragonés».
Este anuncio fue realizado por el portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Alejandro Nolasco, el pasado 15 de septiembre. Nolasco subrayó que, «al igual que pagamos impuestos, merecemos conocer con todo tipo de detalle a qué actividades va el dinero que aportamos a la caja común».
Ha criticado la opacidad que, según él, muestran los partidos del PP y PSOE ante esta propuesta que debería ser «notoriamente aceptada por cualquiera de los contribuyentes». El portavoz del partido ha resaltado la necesidad de «saber la verdad respecto al gasto de mantener inmigrantes ilegales en hoteles de lujo, mientras los jóvenes no pueden acceder a una vivienda».
Nolasco también ha enfatizado la importancia de conocer «el gasto sanitario, en educación y en el ámbito de la justicia», refiriéndose a los costes de procedimientos judiciales y a las responsabilidades que abona el Estado, así como «las ayudas que reciben los inmigrantes ilegales en Aragón».
El portavoz de Vox ha vaticinado que estas cifras podrían ser «escandalosas», argumentando que «cada vez que enviamos un requerimiento de información al Departamento de Bienestar Social de la consejera Carmen Susín, deciden ocultarnos esta información».
En este contexto, Nolasco ha deducido que «parece que les avergüenza ver cómo se está premiando a quienes nunca han contribuido» y ha criticado la negativa a proporcionar información básica para el control de la administración pública.
Rechazo a la Idea de que Inmigrantes Ilegales Paguen Pensiones
En otro aspecto de su discurso, Nolasco ha calificado de «falacia» la afirmación de que «los inmigrantes ilegales vengan a pagarnos las pensiones», describiendo esta idea como «tremendamente clasista» y una «falacia empleada por PP, PSOE y la extrema izquierda» para blanquear la crisis asociada a la inmigración ilegal en España.
Además, ha cuestionado la falta de datos sobre «el coste directo e indirecto que ocasionan a las arcas públicas los ‘menas’ e ilegales de todo tipo de edad». Nolasco ha recordado que, de acuerdo con el artículo 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Cámara de Cuentas es el «órgano técnico al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público» de la comunidad.
Por último, ha insistido en que «si tan convencidos están todas las formaciones de que los inmigrantes ilegales vienen a pagar las pensiones, no tendrán inconveniente alguno en que la Cámara de Cuentas fiscalice y exponga cada céntimo que la administración pública aragonesa destina a la inmigración ilegal». Esto resulta especialmente relevante en un momento en que muchos aragoneses enfrentan «precios prohibitivos» para acceder a un alquiler o la compra de una vivienda.
